Sexting o el uso de internet para vengarse de la pareja

En este artículo analizamos un supuesto que desgraciadamente hoy se produce con cierta frecuencia y que consiste en la publicación inconsentida en internet de personas con las que has mantenido una relación sentimental y al que se ha denominado ‘sexting’. Tal conducta se produce cuando una persona difunde en internet  imágenes fotográficas o vídeos de contenido sexual de mayor o menor carga erótica entre personas que voluntariamente consienten en ello, que forma parte de su actividad sexual que se desarrolla de manera libre, y de otra de forma no consentida. También se ha llamado al ‘sexting’ como ‘el porno vengativo’.

Recientemente leía en un ejemplar antiguo del semanal “The Economist” (5.07.2014) sobre esta figura. En él se hablaba de esta práctica que parece no ser tan poco habitual de subir a páginas porno en internet fotos de tus antiguas parejas. El fenómeno afecta mayoritariamente a las mujeres, aunque también hay algún hombre afectado. Las consecuencias que han traído consigo estas acciones han sido en algún caso el suicidio de la persona afectada o, por lo menos, el deterioro grave de su carrera profesional. Se trata de una de las mayores amenazas que se cierne sobre la dignidad de las personas afectadas, fundamentalmente mujeres, como he dicho.

Como recoge el artículo indicado, muchas víctimas se encuentran sin recursos jurídicos, ya que, aunque muchos países tienen leyes anti-acoso, se trata de acciones repetidas, contactos directos y amenazas físicas o verbales. El problema surge cuando las imágenes han sido captadas con el consentimiento de la víctima, si bien sobre la base de la existencia de una relación afectiva ahora inexistente.

Centrado el tema que voy a analizar, debo precisar, en primer lugar, si el Derecho Penal español da o no una solución correcta a este problema, para luego poder destacar aquellas soluciones que el ordenamiento jurídico de nuestro país brinda.

El artículo 197 del Código Penal en la redacción dada por Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, castiga con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses a quien, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales, intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación. La conducta que apunto no quedaría incluida en el precepto pues no hay “apoderamiento”, dado que las imágenes fueron tomadas de manera consentida. Estas mismas penas se imponen a quien, sin estar autorizado, utilice, en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter personal que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado. Sobre la base del mismo artículo, se impone la pena de prisión de dos a cinco años si se difunden, revelan o ceden a terceros los datos o hechos descubiertos o las imágenes captadas a que se refieren los números anteriores. Las conductas son castigadas con pena de prisión de tres a cinco años cuando se lleven a cabo mediante la utilización no autorizada de datos personales de la víctima. Si los datos reservados se hubieran difundido, cedido o revelado a terceros, se impondrán las penas en su mitad superior. Igualmente, si los hechos descritos en los apartados anteriores afecten a datos de carácter personal que revelen la vida sexual de la víctima o fuera menor o persona con discapacidad.

En relación con este asunto, he encontrado una interesante sentencia núm. 486/2014 de 18 septiembre, de la Audiencia Provincial de Granada (Sala 1ª), donde la conducta indicada es calificada como sexting, que supone el envío de imágenes estáticas (fotografías) o dinámicas (vídeos) de contenido sexual de mayor o menor carga erótica entre personas que voluntariamente consienten en ello y, que forma parte de su actividad sexual que se desarrolla de manera libre. Tal como declara la sentencia, fue tras el escándalo mediático ” caso Olvido Hornillos “, que se introdujo una nueva conducta en el  art. 197   del  Código Penal, el párrafo 4º bis (197.4 en el texto actual). Dicho precepto alude expresamente a los casos de obtención consentida de imágenes íntimas con difusión inconsentida posterior. La reforma, respondió pues a una necesidad real, dado que el Tribunal Constitucional venía manteniendo que el derecho del artículo 18.3º de la  Constitución española, secreto de las comunicaciones, sólo despliega su eficacia cuando la injerencia es realizada por una persona ajena al proceso de comunicación. La vulneración se produce cuando se graba la comunicación de otro y no con otro. A partir de la entrada en vigor de la nueva redacción del Código Penal (01 de julio de 2015), estas conductas han pasado a obtener la sanción correspondiente en nuestro Ordenamiento.

Además desde ABREDA advertimos de la existencia de empresarios avispados que ofrecen, a cambio de dinero, la cancelación de las imágenes que figuran en esas páginas. Estas conductas podrían incurrir en un delito de extorsión por ejercer intimidación sobre la víctima, con el fin de obtener un beneficio económico (castigado con pena de prisión de uno a cinco años).

 



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